Este sábado 28 de febrero el se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.
En su art. 11 modifica la de Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fijando que desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa las personas físicas. La norma entr en vigor al día siguiente de su publicación. El texto completo lo puedes descargar aquí
Esta satisfacción es parcial porque no extiende la derogación de las tasas también a las pymes, lo que repararía plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Como afirma la Abogacía Española, la medida aprobada por el Gobierno es una victoria de los ciudadanos y de la Abogacía que durante tres años ha encabezado el clamor social y la batalla contra las tasas junto a todos los operadores jurídicos, partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y asociaciones y colectivos de abogados. Gracias a esta presión social se ha conseguido que la Ley de Tasas haya sido modificada en dos ocasiones -esta última vez para que los ciudadanos no paguen este tributo- por el mismo Gobierno que puso en marcha la norma. Se pone fin así a la injusticia sufrida por miles de ciudadanos que han visto limitado su derecho de acceso a la Justicia durante más de dos años, sin que, además, el dinero recaudado, en contra de lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.
La Abogacía, hoy más que nunca, manifiesta su compromiso de seguir luchando para extender esta medida a las pymes y continuar reclamando diálogo y consenso para alcanzar los cambios necesarios en la Justicia.
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