El Consejo de la Abogacía de CyL elige Cervera de Pisuerga para la I Jornada Abogacía y Patrimonio, donde examinará la normativa existente en la materia
Medio centenar de abogados de Castilla y León se reúnen este 30 de mayo en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga para analizar el contexto jurídico que protege al patrimonio histórico de la Comunidad como motor económico del mundo rural. El paso a la acción se materializará en tres actuaciones: la creación de grupos de trabajo para elaborar propuestas legislativas que se elevarán a las administraciones competentes en cada caso, el impulso a la formación de los abogados en esta materia específica y la creación de una red de apoyo a la sociedad civil para asesorar en actuaciones relacionadas con el patrimonio. La I Jornada Abogacía y Patrimonio del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) se convertirá así en el primer paso de distintas iniciativas en torno a la protección del medio rural.
“En este foro se concretará el compromiso del CACYL en esta materia, que se hará extensible a los cerca de 5.000 colegiados que ejercen en Castilla y León a través de cursos y formaciones en patrimonio”, señala el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, quien subraya implicación social que la abogacía mantiene como institución. En el marco de este encuentro, la abogada cerverana Lola Villar recogerá este viernes la Medalla al Mérito al Servicio de la Abogacía que le concede el consejo regional tras 45 años de profesión en el mundo rural.
En estas jornadas, organizadas por el CACYL en colaboración de los colegios de Palencia y Burgos, se asentarán los pilares que mantendrán las futuras redes de apoyo en las zonas rurales, en las que los abogados funcionarán como nexo para poner en contacto a personas interesadas en la protección del patrimonio con profesionales que puedan asesorarles o con otras asociaciones con fines coincidentes. El CACYL creará estas redes a través de los colegios, donde un grupo de abogados se encargará de forma voluntaria de vertebrar las actuaciones. “Las acciones pueden alcanzar muchos ámbitos, desde orientarles para constituirse como asociación, a hacer un estudio de financiación para la obtención de fondos para la conservación patrimonial, pasando por asesoramiento tributario o la elaboración de informes a petición de las entidades”, explica Sanz Orejudo sobre la hoja de ruta del CACYL en esta materia.
Las actividades formativas, que comenzarán este mismo año y se prolongarán durante 2025, se centrarán en tres áreas fundamentales: medidas jurídicas de protección y salvaguarda; medidas de fiscalidad y mecenazgo; y comunicación. Los diversos grupos de trabajo __que quedarán establecidos al término de esta jornada__ tienen como fin último redactar una serie propuestas de medidas legislativas que favorezcan no sólo la puesta en valor del patrimonio, sino que sirvan para consolidar la actividad económica y la población en el medio rural.
Partidos judiciales
Sin perder de vista el medio rural, una de las áreas en las que también se centrarán es la territorialidad en el ámbito de la Justicia, ante la nueva Ley de Eficiencia Organizativa que se encuentra en tramitación parlamentaria. El CACYL mantiene una postura a favor de conservar la existencia de una estructura territorial que llegue a las zonas rurales y no se centralice en las capitales de provincia. “Si queremos mantener un principio de justicia, debemos empezar por asegurar que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a este derecho independientemente del lugar en el que vivan”, señala Sanz Orejudo.
Economía y comunicación
En el encuentro, los abogados estarán apoyados también por profesionales de otras disciplinas. En concreto, participarán en los debates los presidentes del Colegio de Economistas de Palencia, Valladolid y Zamora y el del de Burgos, que debatirán acerca de las medidas económicas actuales y su eficacia en la protección del patrimonio.
En otro debate, aportarán sus perspectivas los creadores de contenido digitales Cristina Párbole y José Daniel Navarro, especializados en la divulgación del patrimonio histórico, y compartirán sus experiencias organizaciones como la Archidiócesis de Burgos, la Fundación Santa María la Real, la Fundación Rioseco o la Fundación Nártex de la Diócesis de Palencia. También habrá un hueco para el Fondo para la Defensa Jurídica de la Montaña Palentina (FDJMP), que busca emprender iniciativas jurídicas que sirvan para evitar un modelo basado en megainstalaciones energéticas en la zona.
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